El Ministerio Público colombiano consideró este martes que existen pruebas suficientes para investigar a la senadora opositora, Piedad Córdoba, quien ha sido garante en la liberación de políticos y militares retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por posibles nexos con esta organización.Abren investigación contra Piedad Córdoba en base a computador de Raúl Reyes
El Ministerio Público colombiano consideró este martes que existen pruebas suficientes para investigar a la senadora opositora, Piedad Córdoba, quien ha sido garante en la liberación de políticos y militares retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por posibles nexos con esta organización.
La Procuraduría colombiana notificó que la medida responde a unos supuestos correos electrónicos encontrados en las computadoras que Colombia aseguran fueron recuperadas en territorio ecuatoriano durante la operación militar del primero de marzo de 2008, en la cual fue asesinado el numero dos de las FARC, Raúl Reyes.
Actualmente, la senadora se encuentra realizando una gira por varios países europeos con el objetivo de funjir como un puente en la búsqueda de una solución política para el enfrentamiento armado que sufre su país y para lograr el apoyo a un posible intercambio humanitario para el resto de los retenidos por las FARC y los presos del gobierno capturados en combate.
Según la Procuraduría, estos correos hallados en los discos duros de las computadores de Reyes contienen elementos para pensar que no sólo se trataban de trámites de ayuda humanitaria.
Tras el bombardeo al campamento de las FARC, Colombia aseguró que halló en el lugar del ataque los ordenadores pertenecientes a Reyes, sin embargo hasta ahora no ha podido probar que efectivamente pertenezcan al grupo rebelde según un informe presentado por la Policía Internacional (Interpol).
Según este documento presentado por la organización internacional en su numeral 2b, el tratamiento dado a dichas pruebas no se ajustó a los principios básicos para ser reconocidas como legítimas.
"Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales (computadoras) de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11H45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley", dice el texto.
El informe explica que el hecho de que se le haya realizado la verificación de las ocho pruebas instrumentales, no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen ni de su origen.
Se espera que para los próximos días, el Ministerio Público ofrezca los nombres de otros tres congresistas que están supuestamente vinculados al proceso, conocido como "farcpolítica".
El el año 2008, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunciaron que iniciarían las investigaciones para establecer los nexos de algunos dirigentes políticos con las FARC, sin embargo, dos años más tarde, estos procesos no habían tenido ningún avance.
Varios congresistas fueron involucrados en las investigaciones por haber encontrado supuestos vínculos en las computadoras del Raúl Reyes en el desarrollo de la Operación Fénix, efectuada el primero de marzo del 2008, que invadió ilegalmente un campamento provisional de las FARC en territorio ecuatoriano, en la que murieron 26 personas entre ellas Reyes.
Los políticos afectados precisamente son férreos opositores al gobierno de Álvaro Uribe, como Jorge Robledo (del partido Polo Democrático), Piedad Córdoba (Partido Liberal), Gloria Inés Ramírez (del Polo), Wilson Borja (del Polo), y el concejal Jaime Caycedo (del Polo).
En diciembre la Procuraduría abrió investigación disciplinara contra el senador Robledo y el concejal Caycedo.
La indagación preliminar de la Procuraduría fue por supuestos nexos con las FARC. Córdoba, Ramírez y Borja también tienen investigaciones previas por la Corte Suprema por el mismo asunto y en sus procesos han declarado el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y altos mandos de la Fuerza Pública.
Córdoba actualmente busca el apoyo europeo a un canje de 22 soldados y policías en poder de las FARC por rebeldes en prisión, acusados de terrorismo, secuestro y rebelión.
La senadora ha negado en reiteradas ocasiones tener nexos con las FARC y ha atribuido las acusaciones a una persecución del gobierno del presidente Uribe, por las críticas a su gestión y por el papel de Córdoba ha desempeñado dentro del movimiento que busca una salida negociada al conflicto contraria a la actitud belicista del gobierno colombiado.
La Procuraduría colombiana notificó que la medida responde a unos supuestos correos electrónicos encontrados en las computadoras que Colombia aseguran fueron recuperadas en territorio ecuatoriano durante la operación militar del primero de marzo de 2008, en la cual fue asesinado el numero dos de las FARC, Raúl Reyes.
Actualmente, la senadora se encuentra realizando una gira por varios países europeos con el objetivo de funjir como un puente en la búsqueda de una solución política para el enfrentamiento armado que sufre su país y para lograr el apoyo a un posible intercambio humanitario para el resto de los retenidos por las FARC y los presos del gobierno capturados en combate.
Según la Procuraduría, estos correos hallados en los discos duros de las computadores de Reyes contienen elementos para pensar que no sólo se trataban de trámites de ayuda humanitaria.
Tras el bombardeo al campamento de las FARC, Colombia aseguró que halló en el lugar del ataque los ordenadores pertenecientes a Reyes, sin embargo hasta ahora no ha podido probar que efectivamente pertenezcan al grupo rebelde según un informe presentado por la Policía Internacional (Interpol).
Según este documento presentado por la organización internacional en su numeral 2b, el tratamiento dado a dichas pruebas no se ajustó a los principios básicos para ser reconocidas como legítimas.
"Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales (computadoras) de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11H45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley", dice el texto.
El informe explica que el hecho de que se le haya realizado la verificación de las ocho pruebas instrumentales, no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen ni de su origen.
Se espera que para los próximos días, el Ministerio Público ofrezca los nombres de otros tres congresistas que están supuestamente vinculados al proceso, conocido como "farcpolítica".
El el año 2008, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunciaron que iniciarían las investigaciones para establecer los nexos de algunos dirigentes políticos con las FARC, sin embargo, dos años más tarde, estos procesos no habían tenido ningún avance.
Varios congresistas fueron involucrados en las investigaciones por haber encontrado supuestos vínculos en las computadoras del Raúl Reyes en el desarrollo de la Operación Fénix, efectuada el primero de marzo del 2008, que invadió ilegalmente un campamento provisional de las FARC en territorio ecuatoriano, en la que murieron 26 personas entre ellas Reyes.
Los políticos afectados precisamente son férreos opositores al gobierno de Álvaro Uribe, como Jorge Robledo (del partido Polo Democrático), Piedad Córdoba (Partido Liberal), Gloria Inés Ramírez (del Polo), Wilson Borja (del Polo), y el concejal Jaime Caycedo (del Polo).
En diciembre la Procuraduría abrió investigación disciplinara contra el senador Robledo y el concejal Caycedo.
La indagación preliminar de la Procuraduría fue por supuestos nexos con las FARC. Córdoba, Ramírez y Borja también tienen investigaciones previas por la Corte Suprema por el mismo asunto y en sus procesos han declarado el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y altos mandos de la Fuerza Pública.
Córdoba actualmente busca el apoyo europeo a un canje de 22 soldados y policías en poder de las FARC por rebeldes en prisión, acusados de terrorismo, secuestro y rebelión.
La senadora ha negado en reiteradas ocasiones tener nexos con las FARC y ha atribuido las acusaciones a una persecución del gobierno del presidente Uribe, por las críticas a su gestión y por el papel de Córdoba ha desempeñado dentro del movimiento que busca una salida negociada al conflicto contraria a la actitud belicista del gobierno colombiado.
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