ESTO
FORMA PARTE DEL MODELO QUE APLICARÁN EN VENEZUELA, CUANDO LA DERECHA
LOGRE ASENTARSE EN EL PODER, CON LA AYUDA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS Y DE ISRAEL. HA SIDO APLICADO EN HONDURAS, PERO TAMBIÉN EN LIBIA,
AFGANISTÁN E IRAK. FUNCIONA DE FORMA MUY PARECIDA EN MÉXICO Y COLOMBIA.
En Honduras, después del golpe dado a Manuel -Mel- Zelaya, las condiciones de opresión al pueblo hondureño crecieron espantosamente, convirtiendo además a Honduras en el país donde -proporcionalmente al número de habitantes- más periodistas han sido asesinados, encaramándose en esos índices de criminalidad por encima de México, Colombia y Brasil. La represión y el asesinato descarado de líderes civiles, luchadores sociales, hombres y mujeres, no tiene parangón en el continente...
Honduras casi ni suena ahora en el tinglado internacional, a menos que sea para lanzar imágenes-mentira, o matrices de opinión falaces, hacia la comunidad internacional, entre las cuales se sostiene que “hay democracia” porque hubo unas elecciones o que se respetan las derechos humanos porque la OEA y la ONU reconocieron al gobierno hondureño, pero como sostiene Berta Cáceres, líder y vocera del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas) y figura relevante de la resistencia hondureña: “Hemos visto después del golpe de estado, cómo el proyecto de nación que se impulsó, se ha expandido y consolidado en Honduras, y nos ha llevado al escenario de la mayor entrega (del país), que hayamos visto en estos 500 años”.
Y es que el gobierno que se montó en Honduras después del golpe, tiene un claro proceso de alineamiento en favor de las transnacionales, que involucra a más del 30 % del territorio hondureño, proceso en el que se incluye, además del tema energético, la construcción de más de 300 represas hidroeléctricas en ese pequeño pero infinitamente rico país centroamericano. Las transnacionales ahora actúan de manera totalmente impune, avaladas por un marco jurídico que se elaboró inmediatamente después del golpe, a través de reformas, decretos y leyes, dispuestas para la entrega del país. Como por ejemplo en el campo de la minería, en el que se crearon incentivos extraordinarios a las inversiones energéticas, hidroeléctricas y petroleras.
También han proyectado en Honduras unas fulanas “ciudades modelos”, que son unas supuestas ciudades 'autónomas', concebidas desde el pensamiento neoliberal más puro y más crudo. En estas 'nuevas' ciudades se renuncia totalmente a la soberanía nacional, y se terceriza la justicia, lo que establece que van a tener sus 'propios' gobiernos, sistemas legislativos y migratorios, y hasta podrán firmar tratados de libre comercio y crear sus propios ejércitos... todo ello en favor de la atomización del país y en detrimento del pueblo hondureño. Serán ciudades que incluso van a manejar 'su propio presupuesto' de manera independiente, y tendrán cuerpos policiales para cuidar exclusivamente la inversión transnacional.
Con todos estos planes ideados para el saqueo, el principal objetivo es consolidar el colonialismo, y frente a eso están plantados los pueblos indígenas, que tienen bastante claro lo que significa la lucha para defender, cuidar y custodiar una de las mayores fuentes de biodiversidad de la región y todas las grandes riquezas naturales que tiene Honduras.
“Nunca antes se había visto tanta criminalización y tan bien planificada, tecnificada, financiada, asesorada y sostenida por los Estados Unidos, con la asesoría de Israel directamente, y de Colombia”, explicó la dirigente. “Esto fue lo que trajo el golpe de estado: se implantaron leyes como la 'Ley de Intervención de la Comunicación Pública y Privada', que abarca desde el espionaje electrónico, hasta las violación de la correspondencia personal (cartas particulares). Esta Ley, supuestamente enmarcada dentro de la nueva 'inteligencia' del estado, contiene un capítulo dedicado a la 'seguridad de la inversión de los grandes capitales', y caracteriza a las luchas territoriales como movimientos terroristas.
Al punto de que en el último recurso de amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, describen al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas), como 'una organización que atenta contra la inversión privada y contra la seguridad del Estado...'.
En Honduras se les está dando rango constitucional a estructuras de inteligencia como la policía militar, o paramilitar (dependiendo de como quieran calificar y enfrentar al adversario), las que pueden detener a cualquiera sin orden judicial. Y a estas estructuras se suman otras, creadas por Estados Unidos y por el ejército colombiano, como las 'Fuerzas Satrush' y 'Los Tigres', que fueron ubicados en regiones campesinas, indígenas y negras, pero también en los barrios pobres de Tegucigalpa, donde puedan producirse protestas contra las tales “ciudades modelos”.
Ya se habla de una participación descarada y abierta de efectivos estadounidenses en la represión y asesinato de campesinos en Aguán, al igual que en una 'política' diseñada para combatir a las Maras, que son pandillas con un nivel de organización para el crimen impresionante, y que ahora sirven también como excusa para las agresiones externas.
La dirigente Berta Cáceres afirmó que se había comprobado la participación de la DEA (desde la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa ), en la masacre contra el pueblo indígena Misquito, una comunidad indígena que se encuentra ubicada en la región más rica de Honduras. “Esta masacre está impune, al igual que los crímenes cometidos en contra de toda esa cantidad de compañeros y compañeras asesinados después del golpe de estado. Más de la mitad de ellos tenían medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero eso en Honduras no fue -ni es- una garantía”.
En Honduras existen hoy grupos de sicarios y del narcotráfico, vinculados al poder político y económico, que se manejan con total libertinaje, asesinando luchadores sociales de maneras atroces, aterrorizando a la población.
La paradoja (que no es exclusiva de Honduras) es que el narcotráfico crece a pesar de que en ese país existen seis (6) bases militares de los Estados Unidos, que se encuentran justamente localizadas en lo que se conoce como los mayores corredores del narcotráfico en el país.
Sin embargo, en julio de 2013, ganándole a la transnacional más grande del mundo en construcción de represas, la 'Sidrohidro' de China, en el caso de la concesión dada por más de 30 años en Río Blanco, el movimiento indígena demostró que es posible frenar proyectos como ese, y también el porqué y para qué, puede servir una resistencia histórica.
Uno de los campos en los que ha habido mayor represión es en el de los derechos de las mujeres. Se ha acentuado la criminalización de las mujeres que actúan en los diversos procesos de lucha: indígenas, negros, comunitarios y también en la lucha campesina. Esto ha traído muertes a granel. Como el sonado caso de Margarita Murillo, una de las más destacadas dirigentes campesinas de la resistencia que fue asesinada brutalmente. O los asesinatos de Juan Galindo, ocurrido el 11 de noviembre pasado, y el de Maycol Rodríguez, un joven de 15 años perteneciente al Comité (COPINH), cuya autopsia confirmó las sospechas que haber sido asesinado, y en el que las responsabilidades del crimen apuntan directamente al ejército, al gobierno, y a las empresas protegidas por estos.
Estos apuntes recientes sobre la situación en Honduras, son una pequeña muestra de lo que ha venido sucediendo después del golpe perpetrado por la derecha reaccionaria y entreguista, en ese país centroamericano, y una idea de lo que pudiera sucedernos en Venezuela, país mucho más rico en recursos que Honduras, de imponerse un sector político similar al hondureño, igualmente auspiciado por los Estados Unidos e Israel, y hasta por Colombia, con su burguesía rampante regodeándose en el poder y portándose de forma muy parecida a la de Honduras, cuando masacra comunidades indígenas y campesinas para favorecer a los terratenientes criollos y a las transnacionales asentadas en ese país vecino.
En Honduras, después del golpe dado a Manuel -Mel- Zelaya, las condiciones de opresión al pueblo hondureño crecieron espantosamente, convirtiendo además a Honduras en el país donde -proporcionalmente al número de habitantes- más periodistas han sido asesinados, encaramándose en esos índices de criminalidad por encima de México, Colombia y Brasil. La represión y el asesinato descarado de líderes civiles, luchadores sociales, hombres y mujeres, no tiene parangón en el continente...
Honduras casi ni suena ahora en el tinglado internacional, a menos que sea para lanzar imágenes-mentira, o matrices de opinión falaces, hacia la comunidad internacional, entre las cuales se sostiene que “hay democracia” porque hubo unas elecciones o que se respetan las derechos humanos porque la OEA y la ONU reconocieron al gobierno hondureño, pero como sostiene Berta Cáceres, líder y vocera del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas) y figura relevante de la resistencia hondureña: “Hemos visto después del golpe de estado, cómo el proyecto de nación que se impulsó, se ha expandido y consolidado en Honduras, y nos ha llevado al escenario de la mayor entrega (del país), que hayamos visto en estos 500 años”.
Y es que el gobierno que se montó en Honduras después del golpe, tiene un claro proceso de alineamiento en favor de las transnacionales, que involucra a más del 30 % del territorio hondureño, proceso en el que se incluye, además del tema energético, la construcción de más de 300 represas hidroeléctricas en ese pequeño pero infinitamente rico país centroamericano. Las transnacionales ahora actúan de manera totalmente impune, avaladas por un marco jurídico que se elaboró inmediatamente después del golpe, a través de reformas, decretos y leyes, dispuestas para la entrega del país. Como por ejemplo en el campo de la minería, en el que se crearon incentivos extraordinarios a las inversiones energéticas, hidroeléctricas y petroleras.
También han proyectado en Honduras unas fulanas “ciudades modelos”, que son unas supuestas ciudades 'autónomas', concebidas desde el pensamiento neoliberal más puro y más crudo. En estas 'nuevas' ciudades se renuncia totalmente a la soberanía nacional, y se terceriza la justicia, lo que establece que van a tener sus 'propios' gobiernos, sistemas legislativos y migratorios, y hasta podrán firmar tratados de libre comercio y crear sus propios ejércitos... todo ello en favor de la atomización del país y en detrimento del pueblo hondureño. Serán ciudades que incluso van a manejar 'su propio presupuesto' de manera independiente, y tendrán cuerpos policiales para cuidar exclusivamente la inversión transnacional.
Con todos estos planes ideados para el saqueo, el principal objetivo es consolidar el colonialismo, y frente a eso están plantados los pueblos indígenas, que tienen bastante claro lo que significa la lucha para defender, cuidar y custodiar una de las mayores fuentes de biodiversidad de la región y todas las grandes riquezas naturales que tiene Honduras.
“Nunca antes se había visto tanta criminalización y tan bien planificada, tecnificada, financiada, asesorada y sostenida por los Estados Unidos, con la asesoría de Israel directamente, y de Colombia”, explicó la dirigente. “Esto fue lo que trajo el golpe de estado: se implantaron leyes como la 'Ley de Intervención de la Comunicación Pública y Privada', que abarca desde el espionaje electrónico, hasta las violación de la correspondencia personal (cartas particulares). Esta Ley, supuestamente enmarcada dentro de la nueva 'inteligencia' del estado, contiene un capítulo dedicado a la 'seguridad de la inversión de los grandes capitales', y caracteriza a las luchas territoriales como movimientos terroristas.
Al punto de que en el último recurso de amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, describen al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas), como 'una organización que atenta contra la inversión privada y contra la seguridad del Estado...'.
En Honduras se les está dando rango constitucional a estructuras de inteligencia como la policía militar, o paramilitar (dependiendo de como quieran calificar y enfrentar al adversario), las que pueden detener a cualquiera sin orden judicial. Y a estas estructuras se suman otras, creadas por Estados Unidos y por el ejército colombiano, como las 'Fuerzas Satrush' y 'Los Tigres', que fueron ubicados en regiones campesinas, indígenas y negras, pero también en los barrios pobres de Tegucigalpa, donde puedan producirse protestas contra las tales “ciudades modelos”.
Ya se habla de una participación descarada y abierta de efectivos estadounidenses en la represión y asesinato de campesinos en Aguán, al igual que en una 'política' diseñada para combatir a las Maras, que son pandillas con un nivel de organización para el crimen impresionante, y que ahora sirven también como excusa para las agresiones externas.
La dirigente Berta Cáceres afirmó que se había comprobado la participación de la DEA (desde la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa ), en la masacre contra el pueblo indígena Misquito, una comunidad indígena que se encuentra ubicada en la región más rica de Honduras. “Esta masacre está impune, al igual que los crímenes cometidos en contra de toda esa cantidad de compañeros y compañeras asesinados después del golpe de estado. Más de la mitad de ellos tenían medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero eso en Honduras no fue -ni es- una garantía”.
En Honduras existen hoy grupos de sicarios y del narcotráfico, vinculados al poder político y económico, que se manejan con total libertinaje, asesinando luchadores sociales de maneras atroces, aterrorizando a la población.
La paradoja (que no es exclusiva de Honduras) es que el narcotráfico crece a pesar de que en ese país existen seis (6) bases militares de los Estados Unidos, que se encuentran justamente localizadas en lo que se conoce como los mayores corredores del narcotráfico en el país.
Sin embargo, en julio de 2013, ganándole a la transnacional más grande del mundo en construcción de represas, la 'Sidrohidro' de China, en el caso de la concesión dada por más de 30 años en Río Blanco, el movimiento indígena demostró que es posible frenar proyectos como ese, y también el porqué y para qué, puede servir una resistencia histórica.
Uno de los campos en los que ha habido mayor represión es en el de los derechos de las mujeres. Se ha acentuado la criminalización de las mujeres que actúan en los diversos procesos de lucha: indígenas, negros, comunitarios y también en la lucha campesina. Esto ha traído muertes a granel. Como el sonado caso de Margarita Murillo, una de las más destacadas dirigentes campesinas de la resistencia que fue asesinada brutalmente. O los asesinatos de Juan Galindo, ocurrido el 11 de noviembre pasado, y el de Maycol Rodríguez, un joven de 15 años perteneciente al Comité (COPINH), cuya autopsia confirmó las sospechas que haber sido asesinado, y en el que las responsabilidades del crimen apuntan directamente al ejército, al gobierno, y a las empresas protegidas por estos.
Estos apuntes recientes sobre la situación en Honduras, son una pequeña muestra de lo que ha venido sucediendo después del golpe perpetrado por la derecha reaccionaria y entreguista, en ese país centroamericano, y una idea de lo que pudiera sucedernos en Venezuela, país mucho más rico en recursos que Honduras, de imponerse un sector político similar al hondureño, igualmente auspiciado por los Estados Unidos e Israel, y hasta por Colombia, con su burguesía rampante regodeándose en el poder y portándose de forma muy parecida a la de Honduras, cuando masacra comunidades indígenas y campesinas para favorecer a los terratenientes criollos y a las transnacionales asentadas en ese país vecino.
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