José Vicente Rangel: Los medios de comunicación deben tener ética

 

 

*

Los medios de comunicación tienen que tener un límite. Ese límite es la ética. Ese límite es el respeto a la verdad. Ese límite es la normativa legal. Los medios de comunicación no pueden estar al servicio de poderosos grupos económicos. No pueden estar al servicio de los intereses de sus propietarios, porque en el momento en que actúen de esa manera dejan de ser lo que tienen que ser, expresión de la libertad.
Los medios no pueden actuar como un poder autónomo. Como un poder que juzga, que absuelve o condena, de acuerdo a sus particulares conveniencias. Un medio de comunicación no puede informar o adoptar políticas editoriales para agredir a personas e instituciones como le viene en gana. Para hacer campañas que tienen como objetivo agredir, insultar, calumniar a ciudadanos e instituciones.
Cuando actúan de esa manera pierden legitimidad. Pierden respetabilidad. Pierden autoridad. Se convierten en instrumentos de venganzas, en difusores de odio. Es lo que hoy pasa en venezuela, donde ciertos medios de comunicación se han convertido en partidos, en tribunas del desprecio, y dejan de ser espacio para el debate y la crítica responsable, es decir, dejan de ser pilares fundamentales de una sociedad.
Son medios que se hacen eco de cualquier infamia. Que asumen irresponsablemente las versiones que ponen a circular laboratorios de guerra sucia. Que arremeten contra las personas basados en falsas versiones. En temerarias investigaciones sin sustento real, publicadas solo con el propósito de descalificar, de destruir moralmente. Sus autores acusan sin pruebas, apelando al chisme y a ollas podridas, con la finalidad de destruir reputaciones.
En síntesis, se  trata de un periodismo de albañal que en principio agrede a personas, pero que su meta es acabar con las instituciones y provocar la ruptura del orden constitucional. Se trata de un periodismo cuyos promotores y voceros pretenden que sus actuaciones esten protegidas por la impunidad. Que los agredidos no se defiendan y que cualquier acción que se intente contra ellos, sea calificada de atentado contra la libertad expresión. Como si la libertad de expresión fuera un derecho absoluto. El efecto letal de ese periodismo es una de las mayores amenazas que en la actualidad afronta la democracia venezolana y el orden constitucional.
El miércoles de ésta semana, el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana conmemoraron el 23 aniversario del 4-F. Fue una conmemoración activa, militante, donde se reivindicaron los valores de esa fecha histórica, considerada por algunos, para restarle importancia, como un simple golpe, al estilo tradicional, de un grupo de oficiales y soldados. Nada más equivocado que esa versión. El 4-F fue un golpe de opinión que recogió las ansias de cambio de la sociedad venezolana. Su líder Hugo Chávez, con claro sentido de la historia y de lo que el país reclamaba, sentó ese día un preceder de dignidad, y en un gesto insólito asumió la responsabilidad de lo sucedido. A partir de ese momento Venezuela fue otra. El pueblo se convirtió en protagonista. Salió a la calle a rescatar valores y desde entonces no volvió a retraerse. El proceso que entonces se inició emprendió desde el gobierno una política de profundos cambios sociales, políticos, económicos, institucionales y culturales por lo cual es acosado por factores de la derecha nacional e internacional. Pero la garantía de defensa de las conquistas del 4-F es la alianza pueblo-fuerza armada que cada día es más estrecha y ferrea. Por eso la conmemoración de este 4-F se inscribe en la defensa de la patria, de la soberanía nacional que es lo que cuenta.