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viernes, 14 de junio de 2013
lunes, 13 de agosto de 2012
Perlas informativas del mes de julio 2012
InternacionalRumores en EEUU
Este es un extracto textual del informativo de Antena3 TV el 13 de julio: "En EEUU hay rumores de que el ejército de Al-Assad está trasladando armas". Ya es el colmo, no sólo consideran como una noticia el rumor, algo que se desaprueba en cualquier ética periodística, es que además el rumor de lo que pasa en Siria lo recogen en Estados Unidos.
Bodas de conveniencia
Cómo han cambiado las cosas, leo en El País el 22 de julio que los españoles son la tercera nacionalidad en pedir un visado para Brasil tras formalizar una pareja de hecho con una persona brasileña. A finales de los noventa, en España los extranjeros pagaban hasta 10.000 euros por casarse con un español en un matrimonio de conveniencia, ahora leemos que los españoles pagan 1.200 euros por un matrimonio similar en Brasil.
Presidentes y televisión
El País critica el 22 de julio que los presidentes de de izquierda latinoamericano aparezcan en televisión con el titular “Chávez, Correa y Fernández, líderes en el uso de la propaganda televisiva”. Pues ya quisiéramos en España escuchar a Rajoy en televisión sobre sus decisiones de gobierno.
Bloguero bueno, bloguero malo
En la noticia del Huffington Post del 23 de julio sobre la muerte del cubano Osvaldo Payá encontramos una curiosa diferencia en la terminología utilizada para referirse a los que consideran blogueros buenos o blogeros malos en lo que a Cuba se refiere. La frase decía “también informaron en la red social Twitter la conocida bloguera crítica Yoani Sánchez y el internauta oficialista conocido como Yohandry”. O sea, que si estás contra la revolución eres la “conocida bloguera crítica” y si estás a favor eres “el internauta oficialista conocido como...”.
Si fuera en Venezuela
La que hubieran liado si este titular de El País el 23 de julio se hubiera referido a Venezuela, pero no, era en España, no hubo mucho escándalo: “Defensa sancionará a los militares que difundan críticas por las redes sociales”.
Sanidad en EEUU
Una noticia que nos da una idea de cómo es la asistencia sanitaria en Estados Unidos la leímos en Lainformación.com el 26 de julio. Contaba que uno de los heridos en el tiroteo en el estreno de Batman deberá pagar dos millones de dólares por asistencia médica.
Cuba culpa
Seguimos con el accidente de tráfico que provocó la muerte de Payá. Para El Mundo del día 27 de julio si una investigación judicial muestra que vas con exceso de velocidad, que no respetas las señales de tráfico y que, como consecuencia, mueren dos personas, la noticia es “Cuba culpa al español Carromero del accidente de Oswaldo Payá”. Ahora me entero de que hace un mes España me culpó de exceso de velocidad cuando conducía por Valencia, a mi vecino, España le culpó de hablar por el móvil mientras conducía y a mi prima, España le culpó de aparcar en doble fila en Albacete.
Programa para Cuba
La agencia Efe difundía el 31 de julio la detención del opositor cubano José Daniel Ferrer. A las pocas horas debía volver a informar de la misma persona porque había sido liberado, de lo que no informó en ningún momento fue del programa político de este “defensor de los derechos humanos” según lo califican en wikipedia. Esta foto puede orientar algo sobre sus propuestas para Cuba. Adivinen cuál de las dos personas es José Daniel Ferrer.
España
Fútbol útil
Esta portada de ABC el 1 de julio, día que entra en vigor el repago sanitario, nos indica para qué sirve el fútbol.
¿Prohibiciones?
Por una noticia de El País del 10 de julio me entero de que en el horario de protección infantil, de seis de la mañana a diez de la noche, están prohibidos en las televisiones españolas “los programas de juegos de azar y apuestas, el esoterismo, las paraciencias y los anuncios que promueven el culto al cuerpo”. Me gustaría saber quiénes son los encargados de vigilar ese cumplimiento.
Torturas
Con motivo de los 15 años de la muerte a manos de ETA del concejal Miguel Ángel Blanco, el informativo de RNE Radio 5 el 12 de julio afirma: "Previamente le habían torturado con un cautiverio de dos días". Si estar encerrado en aislamiento sin cargos, ni denuncia, ni acusación se considera una tortura, me parece que el Estado español la utiliza más que ETA.
Más con menos
Un noticia de RNE el 23 de julio deja claro lo que está sucediendo en el mercado laboral. Afirma que ha subido en tantas personas el número de desempleados para añadir, a continuación, que España se encuentra "con la productividad creciendo a tasas elevadas". Es decir, que los que trabajan, además de cobrar menos como ya sabemos, están haciendo el trabajo de los despedidos y más todavía. Pero esto último ya no fue comentado por ningún analista.
Reforma laboral
Leo en el diario sobre finanzas Cinco Días el 25 de julio que “La reforma laboral dispara en un 70% los expedientes de despido”. Imaginemos una reforma del código de la circulación que multiplicara los accidentes o una reforma sanitaria que cerrase hospitales, pues eso ha sido la reforma laboral, una reforma contra el empleo.
Rescate o ayuda
Obsérvese en estas portadas la diferencia entre un gobierno autonómico del Partido Popular o de otro partido cuando se quedan sin fondos. El valenciano “pide ayuda” y el catalán “pide el 'rescate'”.
Cambio de condiciones
Otra prueba más del latrocinio de los bancos contra el Estado la vimos en una noticia de El Mundo el 27 de julio. Resulta que le darán préstamos a la administración autonómica balear pero con la condición de cobrarle hasta cincuenta veces más de interés por otros préstamos que tenía concedidos hace más de cinco años.
El problema es el iPad
Lo leímos el 29 de julio en ABC. Se trataba de una entrevista al presidente del Congreso, Luis Posada. Destacaron en el titular que “El Congreso da un iPad a cada diputado porque lo necesitan”, como si eso fuera un escándalo, pero dejaron escondida en el texto la afirmación de que hay algún diputado que no trabaja, lo que sí debería escandalizarles.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa". Editorial Península. Barcelona
Www.pascualserrano.net
Este es un extracto textual del informativo de Antena3 TV el 13 de julio: "En EEUU hay rumores de que el ejército de Al-Assad está trasladando armas". Ya es el colmo, no sólo consideran como una noticia el rumor, algo que se desaprueba en cualquier ética periodística, es que además el rumor de lo que pasa en Siria lo recogen en Estados Unidos.
Bodas de conveniencia
Cómo han cambiado las cosas, leo en El País el 22 de julio que los españoles son la tercera nacionalidad en pedir un visado para Brasil tras formalizar una pareja de hecho con una persona brasileña. A finales de los noventa, en España los extranjeros pagaban hasta 10.000 euros por casarse con un español en un matrimonio de conveniencia, ahora leemos que los españoles pagan 1.200 euros por un matrimonio similar en Brasil.
Presidentes y televisión
El País critica el 22 de julio que los presidentes de de izquierda latinoamericano aparezcan en televisión con el titular “Chávez, Correa y Fernández, líderes en el uso de la propaganda televisiva”. Pues ya quisiéramos en España escuchar a Rajoy en televisión sobre sus decisiones de gobierno.
Bloguero bueno, bloguero malo
En la noticia del Huffington Post del 23 de julio sobre la muerte del cubano Osvaldo Payá encontramos una curiosa diferencia en la terminología utilizada para referirse a los que consideran blogueros buenos o blogeros malos en lo que a Cuba se refiere. La frase decía “también informaron en la red social Twitter la conocida bloguera crítica Yoani Sánchez y el internauta oficialista conocido como Yohandry”. O sea, que si estás contra la revolución eres la “conocida bloguera crítica” y si estás a favor eres “el internauta oficialista conocido como...”.
Si fuera en Venezuela
La que hubieran liado si este titular de El País el 23 de julio se hubiera referido a Venezuela, pero no, era en España, no hubo mucho escándalo: “Defensa sancionará a los militares que difundan críticas por las redes sociales”.
Sanidad en EEUU
Una noticia que nos da una idea de cómo es la asistencia sanitaria en Estados Unidos la leímos en Lainformación.com el 26 de julio. Contaba que uno de los heridos en el tiroteo en el estreno de Batman deberá pagar dos millones de dólares por asistencia médica.
Cuba culpa
Seguimos con el accidente de tráfico que provocó la muerte de Payá. Para El Mundo del día 27 de julio si una investigación judicial muestra que vas con exceso de velocidad, que no respetas las señales de tráfico y que, como consecuencia, mueren dos personas, la noticia es “Cuba culpa al español Carromero del accidente de Oswaldo Payá”. Ahora me entero de que hace un mes España me culpó de exceso de velocidad cuando conducía por Valencia, a mi vecino, España le culpó de hablar por el móvil mientras conducía y a mi prima, España le culpó de aparcar en doble fila en Albacete.
Programa para Cuba
La agencia Efe difundía el 31 de julio la detención del opositor cubano José Daniel Ferrer. A las pocas horas debía volver a informar de la misma persona porque había sido liberado, de lo que no informó en ningún momento fue del programa político de este “defensor de los derechos humanos” según lo califican en wikipedia. Esta foto puede orientar algo sobre sus propuestas para Cuba. Adivinen cuál de las dos personas es José Daniel Ferrer.
España
Fútbol útil
Esta portada de ABC el 1 de julio, día que entra en vigor el repago sanitario, nos indica para qué sirve el fútbol.
¿Prohibiciones?
Por una noticia de El País del 10 de julio me entero de que en el horario de protección infantil, de seis de la mañana a diez de la noche, están prohibidos en las televisiones españolas “los programas de juegos de azar y apuestas, el esoterismo, las paraciencias y los anuncios que promueven el culto al cuerpo”. Me gustaría saber quiénes son los encargados de vigilar ese cumplimiento.
Torturas
Con motivo de los 15 años de la muerte a manos de ETA del concejal Miguel Ángel Blanco, el informativo de RNE Radio 5 el 12 de julio afirma: "Previamente le habían torturado con un cautiverio de dos días". Si estar encerrado en aislamiento sin cargos, ni denuncia, ni acusación se considera una tortura, me parece que el Estado español la utiliza más que ETA.
Más con menos
Un noticia de RNE el 23 de julio deja claro lo que está sucediendo en el mercado laboral. Afirma que ha subido en tantas personas el número de desempleados para añadir, a continuación, que España se encuentra "con la productividad creciendo a tasas elevadas". Es decir, que los que trabajan, además de cobrar menos como ya sabemos, están haciendo el trabajo de los despedidos y más todavía. Pero esto último ya no fue comentado por ningún analista.
Reforma laboral
Leo en el diario sobre finanzas Cinco Días el 25 de julio que “La reforma laboral dispara en un 70% los expedientes de despido”. Imaginemos una reforma del código de la circulación que multiplicara los accidentes o una reforma sanitaria que cerrase hospitales, pues eso ha sido la reforma laboral, una reforma contra el empleo.
Rescate o ayuda
Obsérvese en estas portadas la diferencia entre un gobierno autonómico del Partido Popular o de otro partido cuando se quedan sin fondos. El valenciano “pide ayuda” y el catalán “pide el 'rescate'”.
Cambio de condiciones
Otra prueba más del latrocinio de los bancos contra el Estado la vimos en una noticia de El Mundo el 27 de julio. Resulta que le darán préstamos a la administración autonómica balear pero con la condición de cobrarle hasta cincuenta veces más de interés por otros préstamos que tenía concedidos hace más de cinco años.
El problema es el iPad
Lo leímos el 29 de julio en ABC. Se trataba de una entrevista al presidente del Congreso, Luis Posada. Destacaron en el titular que “El Congreso da un iPad a cada diputado porque lo necesitan”, como si eso fuera un escándalo, pero dejaron escondida en el texto la afirmación de que hay algún diputado que no trabaja, lo que sí debería escandalizarles.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa". Editorial Península. Barcelona
Www.pascualserrano.net
viernes, 20 de julio de 2012
Venezuela: La amenaza del buen ejemplo
Venezuela: La amenaza del buen ejemplo
Desde la primera vez que Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela en 1998, Washington y sus aliados han intentado socavar su mandato. Cuando Chávez apenas era candidato presidencial, el gobierno de Estados Unidos le negó una visa para participar en algunas entrevistas televisadas en el país norteamericano.
Luego, cuando ganó las elecciones presidenciales, el entonces embajador estadounidense en Caracas, John Maisto, lo llamó personalmente para felicitarlo y ofrecerle su visa. Los meses siguientes fueron llenos de intentos de “comprar” al nuevo presidente de Venezuela. Empresarios, políticos y jefes de estado desde Washington a España lo presionaban para que se subordinara a sus agendas. “Vente con nosotros”, le urgía el entonces primer ministro español, José María Aznar, seduciéndolo con ofertas de lujo y riqueza, si simplemente cumplía con sus órdenes.
Cuando Chávez no se dejó comprar, lo sacaron con un golpe de estado el 11 abril 2002, financiado y diseñado desde Washington. Cuando el golpe fracasó, y el pueblo rescató la democracia y su presidente en menos de 48 horas, comenzaron a desestabilizar al país, intentando hacerlo imposible para gobernar. Desbordaron la nación con saboteos económicos, huelgas ejecutivas en la industria petrolera, caos en las calles, y una brutal guerra mediática que tergiversaba la realidad del país a nivel nacional e internacional. El complot para asesinarlo con paramilitares colombianos en mayo 2004 fue impedido por las fuerzas de seguridad del país. Meses después, intentaron revocar su mandato a través de un referéndum revocatorio en agosto 2004, pero el pueblo lo salvó con un voto de 60-40.
Mientras más popular se hacía, más millones fluían desde las agencias de Washington a los grupos anti-chavistas para desestabilizarlo, desacreditarlo, deslegitimarlo, derrocarlo, asesinarlo, o sacarlo de cualquier manera. En diciembre 2006, Chávez fue reelecto con 64 % del voto. Su aprobación crecía dentro de Venezuela y por toda América Latina. Nuevos gobiernos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Uruguay y varios países caribeños se unieron a las iniciativas de integración, soberanía y unión latinoamericana y caribeña impulsadas desde Caracas. Washington comenzó a perder su influencia y control sobre su antiguo “patio trasero”.
Fueron creados la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), PetroCaribe, PetroSur, TeleSUR, Banco de ALBA, Banco del Sur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En ninguna de esas organizaciones está Washington, ni la élite que antes dominaba la región, imponiendo sus intereses por encima de los pueblos.
En enero 2005, la nueva Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que Chávez era “una amenaza” para la región. Justo después, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) colocó a Venezuela en su lista de los “Top 5 Hot Spots” (5 lugares más inestables) del mundo. Unos meses luego, el reverendo estadounidense Pat Robertson declaró públicamente que era mejor “asesinar” a Chávez ya en lugar de iniciar una guerra contra Venezuela, que costaría millones de dólares. Ese mismo año, cuando Venezuela suspendió la cooperación con la Agencia Anti-Droga de Estados Unidos (DEA), por estar inmiscuyéndose en sus asuntos internos, espiando y saboteando sus trabajo anti-droga, Washington clasificó a Venezuela como un país que “no coopera en la lucha contra el narcotráfico”. Nunca presentaron pruebas para fundamentar sus graves acusaciones.
En febrero 2006, el entonces Director Nacional de Inteligencia, John Negroponte, se refirió a Venezuela como un “peligro” para Estados Unidos. El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld comparó a Chávez con Hitler. Ese mismo año, Washington estableció una Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba, reorientando recursos de la comunidad de inteligencia estadounidense para aumentar sus operaciones en estos lugares, considerados “amenazas” para Estados Unidos. En junio 2006, la Casa Blanca colocó a Venezuela en una lista de países que “no apoyan suficientemente la lucha contra el terrorismo”, y lo sancionaron con una prohibición de poder comprar armas y equipos militares de empresas estadounidenses o aquellas con utilizan tecnología estadounidense. Nunca mostraron evidencias de los supuestos vínculos de Venezuela con el terrorismo.
En 2008, el Pentágono reactivó la Cuarta Flota de la Armada, la comandancia militar estadounidense encargada de América Latina y el Caribe. Había sido desactivada en 1950 y no funcionaba desde entonces, hasta que decidieron que era necesario aumentar la presencia “y fuerza” militar de Estados Unidos en la región. En 2010, Washington se acordó con Colombia para establecer 7 bases militares en su territorio. Un documento oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos justificaba estas bases debido a la “amenaza de los gobiernos anti-estadounidenses en la región”.
En la prensa internacional, decían que Chávez era un dictador, tirano, autoritario, narco, anti-americano, terrorista, pero nunca presentaron pruebas para tan peligrosos sobrenombres. Convirtieron la imagen de Venezuela en violencia, inseguridad, crimen, corrupción y caos, sin mencionar los grandes logros y avances sociales durante la última década, ni las causas de las desigualdades sociales dejadas desde gobiernos anteriores.
Durante años, un grupo de congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos, han intentado colocar a Venezuela en su lista de “estados terroristas”. Destacan la relación entre Venezuela e Irán, Venezuela y Cuba, y hasta Venezuela y China, como evidencia de la “grave amenaza” que el país suramericano representa para Washington. Intentaron destruir ALBA con el golpe de estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Buscaron debilitar la UNASUR con el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en junio 2012. No funcionó.
Dicen una y otra vez que Venezuela y Chávez son amenazas para Estados Unidos. “Hay que pararlo”, dicen, antes de que “lancen sus bombas iraníes contra nosotros”.
El Presidente Barack Obama declaró en estos días que Chávez no era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El candidato Mitt Romney dijo que sí. La furia de los extremistas miameros cayó encima de Obama. Pero no deben preocuparse, porque Obama aumentó el financiamiento multimillonario a los anti-chavistas este año. Son más de 20 millones de dólares que han canalizado de las agencias estadounidenses para la campaña opositora en Venezuela.
¿Es Venezuela una amenaza para Washington? En Venezuela, el único terrorismo que hay es de los grupos que buscan desestabilizar al país, la mayoría con el apoyo político y financiero de Estados Unidos. Los narcotraficantes son de Colombia, donde la producción y tránsito de drogas han incrementado durante la invasión estadounidense en ese país a través del Plan Colombia. La relación con Irán, con Cuba, con China, con Rusia y con los demás países del mundo es una cooperación bilateral - o multilateral - normal entre países. No hay bombas, no hay planes de ataque, no hay secretos siniestros.
No, Venezuela no es ese tipo de amenaza para Washington. Es otra.
La pobreza ha sido reducida en más de 50 % desde que Chávez llegó al poder en 1998. Las políticas de inclusión de su gobierno han creado una sociedad de alta participación en las decisiones económicas, políticas y sociales. Sus programas sociales -las misiones- han garantizado atención médica gratuita, educación gratis y accesible -desde los niveles básicos hasta los más avanzados-, alimentación en precios alcanzables, y herramientas para crear y mantener cooperativas, empresas pequeñas y medianas, consejos comunales y comunas, para todo el pueblo. La cultura venezolana ha sido rescatada y valorada, recuperando el orgullo e identidad nacional, creando un sentimiento de dignidad en lugar de inferioridad. Medios de comunicación e información se han proliferados durante la última década, asegurando espacios para la expresión de todos.
La industria petrolera de Venezuela, nacionalizada en 1976 pero que funcionaba como una empresa privada, ha sido recuperada al beneficio del país, y no de las multinacionales y una minoría oligarca. Alrededor de 60% del presupuesto anual se dedica a los programas sociales en el país, con el enfoque principal en la erradicación de la pobreza.
Caracas, la capital, ha sido embellecida. Los parques y plazas se han convertido en espacios de reunión, disfrute y seguridad para los visitantes. Hay música en las calles, arte en las paredes, y un rico debate de ideas entre los habitantes. La nueva policía comunal trabaja en conjunto con las comunidades para luchar contra los terribles problemas de la violencia, la inseguridad y la delincuencia, problemas que no se atacan solamente desde la superficie, sino desde la raíz.
El despertar de Venezuela se ha expandido por todo el continente y hacia el norte por el mar Caribe. El sentimiento de soberanía, independencia y unión en la región ha enterrado la sombra de subdesarrollo y subordinación impuesta por los poderes colonizadores durante siglos pasados.
No, Venezuela no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Venezuela es un ejemplo de como un pueblo levantador, frente a los obstáculos más difíciles y la fuerza brutal de las grandes potencias, puede construir un modelo en donde la justicia social reina, y la prosperidad humana se celebra por encima de la prosperidad económica. Venezuela es el país en donde millones antes invisibles, hoy son visibles, hoy tienen voz y el poder de decidir sobre el futuro de su patria, sin ser asfixiados por las garras imperiales. Hoy, gracias a la revolución liderada por el Presidente Chávez, Venezuela es uno de los países más felices del mundo.
Esa es la amenaza que representa el Presidente Hugo Chávez y la Venezuela Revolucionaria para Washington.Es la amenaza del buen ejemplo…!
martes, 10 de julio de 2012
Contraataca el Imperio...
El imperio contraataca
1.-Un Imperio que se hunde en lo ecológico, lo social, lo económico, lo político, lo internacional y lo cultural recurre inevitablemente a la fuerza bruta.
2.-Obama se acerca al final de su período en medio de una crisis espantosa, cuyo peso arrojó sobre los trabajadores y sobre la deuda pública, que llega al inaudito nivel de 102 % del PIB. En Estados Unidos, elecciones y reelecciones se ganan destruyendo países indefensos. Obama necesita despojos ensangrentados que ofrecer a un electorado carcomido por la angustia.
3.-Para este sacrificio humano, el Imperialismo Humanitario tiene un modelo: 1) agresiva campaña mediática de descrédito contra cualquier gobierno progresista; 2) infiltración de organizaciones no gubernamentales, sicarios, mercenarios o paramilitares que crean perturbaciones; 3) presentación de la defensa del gobierno legítimo como supuesta agresión contra un grupo opositor, una minoría étnica o ciudadanos indefensos; 4) movilización de mecanismos institucionales de deslegitimación instantánea del gobierno legítimo; 5) uso de la fuerza bruta interna o externa para imponer la decisión deslegitimadora.
4.-A ese modelo universal se añade una variante latinoamericana: el empleo de movimientos sociales o étnicos como pretexto para la destrucción del gobierno democrático. La Conaie apoyó el golpe contra Correa en Ecuador. Algunos movimientos étnicos bolivianos se suman a la desestabilización contra Evo Morales. En Curuguaty, francotiradores no identificados disparan y matan seis policías y 11 campesinos durante un desalojo ordenado por una jueza. En vano fue que Fernando Lugo despidiera al ministro del Interior. El Senado destituyó al Presidente electo en un juicio político sin garantías procesales ni derecho a la defensa.
5.-La mano del Imperio mueve estos atentados. El golpe del 11 de abril fue legitimado ese día por el embajador estadounidense Shapiro, quien mintió al decir que Chávez estaba fuera de la Carta Democrática de la OEA. La agresión contra Ecuador fue planeada y apoyada logísticamente desde una base gringa en Colombia. El derrocamiento de Zelaya en Honduras fue manejado desde la base estadounidense de Soto Cano. El golpe contra Paraguay, según Wikileaks, fue programado en la embajada de EEUU, quizá en retaliación porque Fernando Lugo desactivó la base norteña ‘Mariscal Estigabirria’.
6.-Y ya que hablamos de bases, avanza una aterradora invasión de enclaves militares foráneos en Nuestra América. Hay dos bases estadounidenses en Argentina, dos en Aruba y Curazao, cuatro en Colombia (todos sus aeropuertos son usados por efectivos yanquis), una en Cuba, una en Chile, otra en Costa Rica, una más en Salvador, efectivos gringos en Guatemala disfrazados de antidrogas, tropas de USA en Haití, tres bases estadounidenses en Honduras, dos en construcción en México y 15 mil efectivos en Chiapas, 14 bases aeronavales en Panamá, dos en Paraguay, cinco en Perú, y otra en construcción en República Dominicana. Hay bases de la Otan o europeas en Belice, Guyana, Martinica, y fuerzas de la Minustah en Haití. E infinitos invasores disfrazados de policía antidrogas u ONG. Somos un continente ocupado.
7.-En Paraguay se disputan intereses. Cruzan su territorio estratégicas vías fluviales latinoamericanas generadoras de fuerza hidroeléctrica. El acuífero Guaraní es una de las más codiciadas reservas de agua dulce del mundo. Monsanto acapara sus extensos latifundios; la transnacional canadiense Río Tinto Alcan intenta apoderarse del aluminio con energía subsidiada. Los golpes de Bolivia, Ecuador y Honduras fueron contra el Alba; el de Paraguay contra el Mercosur, Unasur y la Celac. Sólo la exclusión del gobierno golpista de Franco de esos organismos salvará el proyecto de integración latinoamericana.
martes, 26 de junio de 2012
Fernando Buen Abad Diominguez..
En la voz de Fernando Buen Abad D. Miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad
En horas de la mañana fue recibido por un auditorio que reboso los limites de la capacidad ya que el publico sabia de la calidad del conferenciante Mexicano y Dr,. en filosofía, experto en Comunicación Social y con muchas especialidades y Doctorados en la misma.
Su ponencia trato de la importancia de la continuidad de la Revolución Bolivariana para el Continente Latinoamericano el cual cuenta con el apoyo rotundo de los más de 300 intelectuales que integran la Red de Intelectuales.
“El mensaje urgente es; Venezuela, necesitamos que gane la revolución el próximo 7 de octubre, para que se profundice la revolución y avance al socialismo, el continente entero necesita este triunfo, para que no sigan sucediendo cosas como la que está pasando en Paraguay, la fuerza y la claridad de Venezuela es fundamental”. declaro Fernando Buen Abad.
“El mensaje urgente es; Venezuela, necesitamos que gane la revolución el próximo 7 de octubre, para que se profundice la revolución y avance al socialismo, el continente entero necesita este triunfo, para que no sigan sucediendo cosas como la que está pasando en Paraguay, la fuerza y la claridad de Venezuela es fundamental”. declaro Fernando Buen Abad.
lunes, 16 de abril de 2012
Dime con quién andas y te diré quién eres (Es con el BOBO DE LA ESCALERA)
Sergio Rodríguez Gefelstein / Con Nuestra América
El candidato Capriles Radonsky apela a la asesoría de connotados personeros de la ultra derecha más retrograda, acusada de aberrantes violaciones a los derechos humanos cuando han sido gobierno en sus países. Una revisión de sus políticas públicas nos podría llevar a adelantar algunas medidas de un probable plan de gobierno si Capriles llegara a dirigir el país.
Un antiguo adagio popular enuncia “dime con quién andas y te diré quién eres”. La máxima nos señala con prístina transparencia hacía dónde iría Venezuela en caso de que el candidato de la derecha triunfara en las próximas elecciones presidenciales.
En fecha reciente, Capriles Radonsky realizó una visita a Colombia donde se entrevistó con el ex presidente Álvaro Uribe, conocido protector del narcotráfico como lo han señalado importantes organizaciones internacionales entre las que destaca el propio FBI de Estados Unidos. Los vínculos de Uribe con el paramilitarismo se pueden evidenciar en un documento elaborado por la prestigiosa 'Corporación Nuevo Arco Iris' de Colombia, en una investigación financiada por la Agencia Noruega de Cooperación.
Así mismo, en una entrevista realizada al candidato de la derecha venezolana, por el periódico El Mercurio de Santiago de Chile, el 25 de marzo pasado, y ante la consulta del periodista acerca de si “políticos chilenos asesoraron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) antes de las primarias” y la posterior pregunta de si “¿Mantiene contactos con los políticos de este país?”, Capriles respondió: ”La MUD hizo un trabajo muy importante para recoger las experiencias políticas de Chile. Ése puede considerarse como un proceso inspirador para cualquier país que valore el sistema democrático, como lo hacemos en Venezuela”.
En ambos casos, Capriles apela a la asesoría de connotados personeros de la ultra derecha más retrograda, acusada de aberrantes violaciones a los derechos humanos cuando han sido gobierno en sus países. Una revisión de sus políticas públicas nos podría llevar a adelantar algunas medidas de un probable plan de gobierno si Capriles llegara a dirigir el país:
1. Se establecerán los asesinatos extrajudiciales, mejor conocidos como “falsos positivos”.
2. Se le usurparán las tierras a los campesinos, produciendo el desplazamiento y el éxodo forzado de
millones de ellos.
3. Se podrá invadir a cualquier país vecino actuando al margen del derecho internacional.
4. Se establecerán campos de concentración para los opositores políticos.
5. Se cerrarán universidades acusadas de subversivas.
6. Se detendrán y desaparecerán líderes políticos, sociales, sindicales, y estudiantiles, e intelectuales
y artistas
7. Se privatizará la educación, la salud y la seguridad social
8. Se desnacionalizará y se venderán todos nuestros recursos naturales, incluyendo el petróleo, los
ríos, los lagos, los bosques y los mares a empresas privadas extranjeras.
9. A los opositores, se les podrá torturar, degollar, violar quemar vivos y arrojar al mar y a los que
queden vivos se les enviará al exilio sin contemplaciones.
Si alguien cree que estoy exagerando, revise los juicios que se han adelantado ante la justicia chilena y colombiana, o ante tribunales internacionales, en contra de Uribe y Pinochet, y los miembros de sus gobiernos.
El señor Capriles Radonsky debería aclarar si esas medidas forman parte del “proceso inspirador” -como lo señaló- que orientarían a su particular concepto de democracia.
jueves, 12 de abril de 2012
El costo de la libertad
La guerra dentro y fuera de Estados Unidos se ha vuelto una condición permanente de la vida en este país después de más de una década de sangre, detenciones, tortura y violaciones a los derechos humanos.
Tan es parte del acontecer cotidiano que ya ni se comenta tanto; simplemente existe. La de afuera se registra en datos, número de muertes, cifras de sangre. La interna es menos visible, incluso menos comentada, pero es lo que está cambiando la vida aquí, dentro del país, en el campo de batalla doméstico.
Una nueva norma: Ley de Autorización de Defensa Nacional, o NDAA, promulgada por el presidente Barack Obama a finales de diciembre de 2011, autoriza que el gobierno niegue el derecho a un proceso judicial imparcial a todos los que determina que son terroristas o simpatizantes de ese enemigo –incluidos ciudadanos estadunidenses– y mantenerlos en detención indefinida. La legislación, que permite el uso de las fuerzas armadas para detener a cualquier civil en cualquier parte del mundo, es tan ambigua, critican algunos, que puede colocar a casi cualquier ciudadano en riesgo. Acusan que la definición de simpatizante del terrorismo es tan amplia que pone en riesgo a activistas, intelectuales y hasta periodistas.
Por ello, veteranos de batallas políticas de las ultimas décadas, desde Daniel Ellsberg –quien filtró los famosos Papeles del Pentágono– hasta Noam Chomsky y el filósofo político Cornel West, entre otros, se han sumado a una demanda legal contra el gobierno de Obama impulsada por el ex corresponsal de guerra del New York Times y Premio Pulitzer Chris Hedges, con el argumento de que estas medidas son anticonstitucionales.
Hedges relata que si esta ley no es frenada implica que las autoridades tendrán el poder de detener a cualquier ciudadano que no se subordine al Estado corporativo y “permitirá al Estado de seguridad y vigilancia marcar como terroristas a movimientos y manifestantes no violentos, junto con críticos sociales y políticos, que en la imaginación del gobierno tienen cualquier huella de vínculo con Al Qaeda y ‘fuerzas asociadas’”. Con ello se generará un mayor clima de sospecha y temor entre esta sociedad y se suprimirá aún más la disidencia, advierte en un artículo en Truthdig.
La fórmula aplicada desde el inicio en esta guerra contra el terrorismo permanece: o estás con nosotros o estás con el enemigo, subraya Hedges, y advierte que con ello se ha creado un monstruo. “Nuestras 16 agencias de inteligencia nacionales y un ejército de contratistas privados se nutren de la paranoia, el rumor… y la demonización de la libre expresión crítica y otras narrativas inventadas. Justifican su existencia y su consumo de vastos recursos gubernamentales convirtiendo hasta lo más banal y mundano en una amenaza potencial. Y para cuando terminen, esta nación será un gulag”, advierte Hedges.
Vale recordar que el Washington Post reportó hace un par de años que ahora existen mil 271 agencias gubernamentales y mil 931 empresas privadas que trabajan en tareas relacionadas con la seguridad nacional e inteligencia, con cientos de miles de trabajadores en 10 mil puntos de todo el país, resultado de la ampliación sin precedente del aparato de seguridad nacional.
Los costos graves en supresión y limitación de derechos civiles y humanos se han producido, y denunciado, desde la declaración de la nueva guerra contra el terrorismo en 2001. Además de lo que ya se sabe con los casos de Guantánamo y otros centros de detención, donde se viola la piedra angular del sistema legal estadunidense –el habeas corpus, que proviene de la Carta Magna–, junto con el uso de tortura y más, ahora las tácticas y armas de esta guerra antes reservadas sólo para extranjeros se emplean cada vez más contra estadunidenses.
Mientras tanto, las guerras que Estados Unidos ha llevado a cabo durante más de una década tienen costos imposibles de medir en términos humanos. Los datos ofrecen sólo un vistazo, ausente de lágrimas, sufrimiento, gritos, llanto, furia, tristeza, desolación…. Ajá, todo eso a lo que los machos se refieren cuando reiteran que la guerra es el infierno.
Los costos en vidas y tesoro, según el informe más completo que se ha realizado, por el Instituto Watson de la Universidad Brown, sólo hasta mediados de 2011 incluyen: 6 mil 381 militares estadunidenses muertos (dato actualizado hasta esta semana), junto con dos mil 300 contratistas, 9 mil 922 agentes de fuerzas de seguridad iraquíes, 8 mil 756 de las fuerzas de seguridad de Afganistán, 3 mil 520 de las fuerzas de seguridad de Pakistán, 11 mil 700 civiles afganos, 125 mil civiles iraquíes, 35 mil 600 paquistaníes, 10 mil insurgentes afganos, 168 periodistas y 266 trabajadores humanitarios. Todos estos, con otros pocos más, dan un total (y es el cálculo más conservador del informe) de casi 225 mil muertos.
Además están los heridos, incluidos más de 99 mil estadunidenses, 51 mil contratistas privados y, por supuesto, militares y civiles en Irak, Afganistán y Pakistán; todos suman un total de 365 mil 383. Los desplazados por estos conflictos incluyen 3 millones 315 mil civiles afganos, 3 millones 500 mil civiles iraquíes y un millón de civiles paquistaníes para un total de 7 millones 815 mil.
En tesoro, el presupuesto oficial del Congreso para estas guerras en Irak y Afganistán asciende a un billón 300 mil millones de dólares, pero los cálculos totales, incluidos costos relacionados en varios rubros, de estos conflictos para los contribuyentes estadunidenses son de entre 3 billones 700 mil millones y 4 billones 400 mil millones. (Para información completa, ver página del proyecto: costsofwar.org/).
Obama y su contrincante republicano en las elecciones debatirán quién es el mejor comandante en jefe. Disputarán en los próximos meses quién es más efectivo al enfrentar amenazas a la libertad estadunidense fuera y dentro del país.
Todo esto es, pues, un aspecto de la vida cotidiana en Estados Unidos. Dicen que es el costo de la libertad.
miércoles, 11 de abril de 2012
La libertad de expresión en Venezuela
La libertad de expresión en Venezuela
Venezuela es uno de los países con mayor libertad de expresión en el mundo, tanto por la sostenida expansión de su sector de comunicaciones, como por la ausencia de restricción para los contenidos que éste difunde.
La más decisiva prueba de que el Estado venezolano no viola el derecho de buscar, recibir y difundir información, consta en las decisiones de la propia Corte Interamericana de los Derechos humanos emitidas el día 28 de enero de 2009 en los dos casos relativos a los medios planteados ante ella.
La primera sentencia, relativa al caso Radio Caracas Televisión (RCTV), declara que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la presente Sentencia”.
La segunda sentencia, relativa al caso GLOBOVISIÓN, declara en forma terminante que: “ No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a 369 de la presente Sentencia”.
Más adelante aportamos testimonios, extraídos textualmente de los medios de comunicación venezolanos, que respaldan irrefutablemente ambas sentencias y demuestran que desde ese entonces hasta el presente reina en Venezuela la más irrestricta libertad de expresión.
Los medios privados venezolanos crecen sin cortapisas
Los medios privados venezolanos están en un proceso de sostenida expansión que desmiente la idea de que el Estado les imponga frenos o cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones periódicas; de ellas un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente opositoras al Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la información, según mediciones del comunicólogo opositor Marcelino Bisbal: Últimas Noticias (Caracas) y Panorama (Maracaibo). Apenas tres (03) diarios, aparecidos en los últimos años, no son opositores: Diario Vea, Correo del Orinoco, y Ciudad Caracas.
Para 1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales privadas y apenas 11 de servicio público. Para 2012 estas cifras casi se duplican: hay 499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247 comunitarias. En 1998 emitían en señal abierta 36 televisoras comerciales y 8 de servicio público; para 2012 las cifras casi llegan al doble, pues funcionan 67 comerciales, 13 de servicio público y 38 comunitarias. Advirtamos que las emisoras comunitarias tienen alcance limitado a una parroquia o un distrito, y que su existencia a veces es efímera.
Este sostenido crecimiento de los medios de comunicación privados y su decisiva preponderancia tanto en número como en capacidad de emisión sobre los de servicio público, desmiente categóricamente el alegato según el cual el Estado venezolano ejercería una hegemonía comunicacional o aplicaría políticas que limitarían a los medios privados.
Los medios venezolanos están en pocas manos
Pero el crecimiento cuantitativo de los medios no significa una democratización en su propiedad ni en la selección del contenido. En los medios privados más importantes en Venezuela opera una extrema concentración de la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos de una decena de familias. Estos grupos para 1986 controlaban cerca de 94% de la cobertura nacional de radio y televisión, y en oportunidades dominaban diarios impresos. L os dueños de televisoras asimismo poseen las radioemisoras más importantes, y paralelamente manejan empresas disqueras, agencias de asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas . Hasta 2006, sólo dos televisoras, Radio Caracas Televisión y Venevisión, controlaban el 75% de la factura publicitaria televisiva, se cartelizaban para ofrecer rebajas a los anunciantes que se abstuvieran de anunciar en otras plantas, y cobraban sus servicios con una sola firma, Sercotel.
Ataques al Poder Ejecutivo
En cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente sistema de medios difunde informaciones y sobre todo opiniones con la más absoluta libertad, no hay mejor prueba que una antología del contenido reciente de algunas de las más importantes y difundidas publicaciones del país. Radios y televisoras replican y amplifican los mismos contenidos.
Para verificar el imperio de la más absoluta libertad de expresión basta dar un somero vistazo a la prensa más reciente. En su edición del 7 de febrero de 2012, El Nacional muestra en primera página una cerrada concentración de titulares tendientes a desacreditar a la administración. Así, a tres columnas antetitula “Gobierno niega intención de sabotaje” para luego titular “El PSUV prohíbe a sus militantes votar en primarias” y subtitular “La amenaza es vista en la MUD como una muestra de temor”. En forma directa o indirecta, tildan así al gobierno de saboteador que amenaza y sufre “temor”. Abajo, el titular a dos columnas “Olvidados por el padrino” se refiere “a las 387 familias damnificadas que viven desde hace 15 meses en los sótanos del edificio Líder, en La Florida”, las cuales piden “al padrino del refugio, el alcalde Jorge Rodríguez, los reciba y les mejore las condiciones que habitan”. Las autoridades, que han habilitado refugios para más de trescientos mil damnificados por las lluvias del año 2011, algunos en hoteles de lujo u oficinas públicas, son tratadas así como un “padrino”, capo de mafia, que tendría a sus protegidos “olvidados”. Al lado, se titula una gráfica en diapositivo “Con ingenio vencen la desidia”, para celebrar que un ciudadano haya colocado en una calle de Petare “una instalación que alumbra las zonas de más peligro y las mantiene resguardadas del hampa”. Se abre así un verdadero menudeo de titulares que perseveran en una campaña perenne para incrementar la percepción de la inseguridad del ciudadano ante el hampa. Por ejemplo, en la misma página: “Inseguridad: Capturaron a 3 implicados en secuestro de embajador”. “Tres detenidos: Un muerto en tiroteo por asalto a joyería en el Sambil”. Y “Atienden hasta 50 partos diarios: Emergencia en Hospital de Maracay por muerte de 11 recién nacidos”. Como colofón: “Piden diálogo: Empresarios rechazan que se vuelva al PVP”. Empresarios que rechazan a priori una medida de control de precios piden diálogo: vale decir, debe ceder la otra parte. En medio, en un recuadro en verde que arroja dudas sobre si se trata de un titular noticioso o de propaganda, se afirma: “Henrique Capriles Radonski: Nadie necesita vestir de un color para ser atendido” y “Ruta a las primarias: Faltan 5 días”. Resumamos: en tan sólo una primera plana, a grandes titulares, se trata al gobierno electo, bien por denotación o por connotación, de “saboteador”, “amenaza”, culpable de “miedo”, de “desidia”, de “padrino” que tendría a los ciudadanos “olvidados”, sería incapaz de garantizar la seguridad y la salud pública, se mostraría refractario al diálogo y, por implicación, para atender al ciudadano requeriría que éste debiera “vestir de un color”. Ningún gobierno que restringiera la libertad de expresión permitiría una primera página como la reseñada.
Ataques al Poder Electoral
¿Esta libertad de expresión se limita a las primeras planas? Pasemos a la página 2 del mismo día y cotidiano. En ella se titula “Estrategia: el oficialismo niega que planifique sabotear elecciones del 12-F” (Unas elecciones internas de la oposición para seleccionar su candidato). Un subtítulo resaltado denuncia: “Miedo político” y especula: “La amenaza del PSUV es vista como una muestra de miedo”. En la misma página, a dos columnas: “Peligra la democracia: Advierten que Chávez dará autogolpe”. Al lado, también a dos columnas: “Piden garantías para los electores”. A la derecha de la misma página, en forma incongruente: “Informe 2011: Reportan 94 agresiones a la libertad de prensa”. Un “Grupo Andino de Libertad Informativa” reporta dicha cifra, sin explicar cómo pueden ocurrir tales violaciones en un país donde circulan cotidianamente semejantes titulares e informes, y mucho menos cómo se pueden publicar agresiones a la libertad de prensa en un país donde supuestamente ésta no existe.
De nuevo resumimos: el gobierno planearía “sabotear elecciones”, estaría poseído de “Miedo político”, “dará un autogolpe”, sería culpable de “agresiones a la libertad de prensa”. Son meras especulaciones gravísimas e infundadas, la mayoría sobre hechos futuros e inciertos. El que sean cotidianamente publicadas sin obstáculos ni consecuencias es la prueba irrefutable de que en Venezuela existe la libertad de expresión más plena.
¿Se trata de una situación casual? Examinemos el mismo periódico un mes después, el 7 de marzo de 2012. En su página 2, un titular a seis columnas: “El Gobierno fomenta la impunidad para generar miedo”. Otro titular, a cuatro columnas: “Discurso del Ejecutivo aviva la violencia”. Y a dos columnas: “Califican de atentado el suceso en Cotiza”, y “Tavares denuncia amenazas por identificar a los oficialistas”. Tenemos así presentadas como noticias opiniones según las cuales el gobierno “fomenta la impunidad”, “aviva la violencia”, habría promovido un “atentado” y proferiría “amenazas por identificar a oficialistas”. Ningún gobierno que atentara contra la libertad de expresión dejaría publicar tal concentración de acusaciones sin pruebas y sin consecuencias.
Ataques al Poder Legislativo y Judicial
¿Esta libertad o más bien libertinaje de expresión, que muy pocos gobiernos democráticos tolerarían, la ejerce sólo El Nacional? La primera plana de El Universal del 2 de febrero de 2012 es una frontal agresión a cuatro columnas contra el Poder Legislativo: “Alertan que mayoría de la AN aprobó una ´ley sapo´”. “Sapo” es venezolanismo infamante por “delator”; la mayoría parlamentaria, por extensión, lo sería. La quinta columna es una granizada de titulares contra los demás poderes: “Solicitan que se garantice el suministro de energía el día 12 F”, lo cual sugiere que habría peligro de que el Ejecutivo la cortara durante las primarias de la oposición. “Sin registro Electoral venezolanos en Australia, Madrid y Ciudad de Panamá” cuestiona al Poder Electoral. “Capriles: El que en 14 años no ha bajado la delincuencia, no lo hará en 6 años” y “Pérez: el Código Orgánico Procesal Penal no frenará el crimen ni el lenguaje violento del Presidente”. Así se cuestiona equitativamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, omitiendo que los estados donde gobierna la oposición son justamente los que presentan mayor tasa delictiva.
Ataques al sistema de Defensa Nacional
Igual libertad para presentar opiniones o especulaciones como noticias impera en el resto de los medios. La primera página del diario Últimas Noticias del 15 de marzo de 2012 proclama que “Hay 500 ´boliches´ armados”, que “Guerrilla criolla compró 600 granadas al Cartel de La Guajira” y que “Tienen escuela de combatientes, 11 casas-bases, imprenta y radio”. Los llamados ´boliches´ serían una supuesta guerrilla bolivariana, sobre la cual en la página 16 se afirma sin pruebas que “Boliches funcionan como la guerrilla colombiana ELN”, en prosecución del intento de vincular en alguna forma supuestos grupos que operarían en Venezuela con insurgentes foráneos. En todo el texto no se mencionan fuentes ni evidencias: lo único que prueba es, una vez más, la ilimitada libertad de expresión en Venezuela. En El Nacional de 7-2-2012, un titular de la página 2 prosigue la perpetua campaña para inculpar al gobierno electo venezolano como aliado de organizaciones guerrilleras: “FARC: Uribe advirtió presencia de Timochenko”. El cuerpo de esta noticia señala que “El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró en noviembre de 2011 que el ahora jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko) y alias ´Iván Márquez´ estaban en territorio venezolano”. La información es extemporánea por cuatro meses, pero alegatos de tal género son útiles como coartada intemporal para invadir países, como ocurrió con la agresión de Colombia contra Ecuador.
Así como los medios critican encarnizadamente la supuesta debilidad de un sistema de Defensa que permitiría la presencia de insurgentes, igualmente atacan los esfuerzos por fortalecerlo. El diario capitalino El Mundo titula el 20 de marzo de 2012, desplegado en toda la primera página “Venezuela le gana a sus vecinos en compra de armas”, refiriendo a una adquisición excepcional de pertrechos en 2011. El cotidiano, por supuesto, no balancea la noticia informando sobre el contexto. Venezuela mantiene un ejército de poco más de ochenta mil efectivos, al cual según el World Economic Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación. La vecina Colombia en 2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares anuales, según los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: “Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008 www.geocities.com/vozxcol/voz.
Informaciones dirigidas a difundir pánico
Práctica usual de los medios venezolanos privados es la de difundir contenidos tendientes a crear pánico en la ciudadanía. Ya aludimos al graneo de titulares destinados a incrementar la sensación de inseguridad. Esta campaña no se limita a reseñar actos del hampa. A principios de febrero ocurre un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en el estado Monagas, del Oriente del país. Para proteger a los ciudadanos, las autoridades cierran la planta de tratamiento de agua del Bajo Guarapiche y la mantienen más de cuarenta días así (Últimas Noticias, 15-3-2012, p.2).
Es la oportunidad para que la oposición convierta mediáticamente un accidente local en un pánico nacional. El 14 de marzo el gobernador opositor de Carabobo, Enrique Salas, declara a Globovisión que las autoridades distribuyen por el sistema de acueductos “agua podrida”, que someten a tratamiento agua “salubre” (sic) y pide declarar emergencia sanitaria en el centro del país porque ésta causaría “el crecimiento del autismo”. Este inaudito descubrimiento clínico, que bien podría reportar el Premio Nobel para el funcionario, es la señal para otra persistente campaña destinada a convencer a la ciudadanía de que el líquido vital causa la muerte, sobre la cual citaremos apenas algunos ejemplos. Al día siguiente El Carabobeño titula “Hiperkinesis y alzheimer por mala calidad del agua e Aragua y Carabobo”. El 15 de marzo el cotidiano Tal Cual agrava la campaña con el tinte racista en caricatura según la cual “Basta de supremacía blanca: ahora tenemos aguas afrodescendientes”. El 15 de marzo Últimas Noticias titula a cuatro columnas la página 2: “Alertan sobre contaminación de embalses que surten a Caracas”, y el 19 de ese mes, en la misma página: “En tela de juicio calidad del agua en Venezuela”. A la velocidad de las rotativas una campaña sobre un suministro de agua local en Orienta, vincula en el Centro en forma fantasiosa agua “salubre” y autismo y Alzheimer, y se potencia hasta abarcar la capital y luego la totalidad del país.
Se comprenden los efectos que puede tener la divulgación de falsas noticias. En 1938, Orson Welles desató el pánico en Estados Unidos al difundir una versión radiofónica de ‘La guerra de los mundos’, de H.G. Wells. La policía no lo dejó concluir el programa. A fines de los años 60 los hippies desataron otro pánico amenazando verter LSD en el acueducto de Nueva York. El Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 21 de marzo debió “INSTAR a los distintos medios de comunicación nacionales y regionales, tanto impresos como noticieros digitales, radio y televisión, actuar con extrema responsabilidad al momento de difundir cualquier tipo de información relacionada con la presunta contaminación de los cuerpos de agua cruda y potable, destinada al uso del consumo humano, que no haya sido debidamente avalados por un “ORGANISMO TÉCNICO COMPETENTE PARA ELLO”. Y añade que “esta exacción no puede entenderse como un mecanismo limitante de la libertad de expresión e información, si no por el contrario, reafirmar tales derechos al procurar que las informaciones tengan un aval científico que las revista de absoluta veracidad, tal como lo prevé el contenido del artículo 58 del Texto Constitucional según el cual ‘toda persona tiene derecho a la información oportuna y veraz e imparcial´, so pena de incurrir en tipos penales, descritos por el legislador como hechos punibles que de alguna forma conlleven a crear pánico y zozobra en la ciudadanía”.
Entiéndase bien: la decisión sólo alerta contra la invención de noticias sobre el agua no avaladas por organismos técnicos competentes, y exhorta a cumplir normas constitucionales y penales. A este respecto, nuestro Código Penal dispone:
ART 296.A.- Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años.
Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte.
Este artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos informáticos, telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.
Una vez más resumimos: ningún gobierno que coartara la libertad de expresión permitiría la divulgación de noticias o más bien de opiniones como las citadas, encaminadas a causar pánico en la comunidad. Los medios de comunicación en Venezuela gozan de la más amplia libertad de expresión, y en la actualidad siguen la misma línea que desde principios de siglo: critican abierta y la mayoría de las veces infundadamente a todos los poderes del Estado, sin ser constreñidos ni sufrir consecuencias por ello.
Los medios en Venezuela funcionan como actores políticos
Para mejor valorar en su justa perspectiva esta situación de plena libertad de expresión, es oportuno señalar que por su parte los medios llevan adelante en forma persistente prácticas de violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de sus leyes y de la ética del gremio periodístico.
Para probar estas prácticas, que son del dominio público, y cuya exposición rebasaría de los límites de esta audiencia, recurrimos a testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios y sus comunicadores, recogidos en forma textual en el libro Dictadura mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda sospecha (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas, 2008), que acompañamos como Anexo al presente alegato y del cual consignamos un ejemplar a cada uno de los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
En el documento citado consta, en afirmaciones de los propios periodistas y propietarios, que en Venezuela los medios privados no actúan como comunicadores, sino como actores políticos, promueven en forma consistente la antipolítica e intentan suplantar a los partidos (pp.308-314). Que incitan de manera pertinaz a la discriminación étnica y racial, la guerra civil, el magnicidio y la deposición violenta del gobierno legítimo (pp. 309).
Los medios fueron cómplices y ejecutores de un golpe de Estado
Consta asimismo en testimonios citados textualmente en dicho libro que para el año 2002, a excepción de dos diarios con cierto grado de equilibrio, los medios predicaron abiertamente el derrocamiento del gobierno legítimo, mintieron que éste habría disparado contra una manifestación, mintieron que el Presidente había renunciado, colaboraron con su tecnología superior en el corte de comunicaciones que lo derrocó, pactaron con la dictadura la entrega de los órganos de control de las telecomunicaciones, llamaron a la delación contra los partidarios del gobierno democrático, difundieron entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un apagón comunicacional los movimientos populares que en definitiva restablecieron el gobierno legítimo (Op. Cit. pp. 45 -103).
Ni el presidente electo ni sus funcionarios aplicaron ninguna sanción: Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta marzo de 2003 los medios privados en Venezuela se encadenaron 24 horas diarias en una saturativa cadena de llamamientos a derrocar el gobierno legítimo, de apoyo a un cierre patronal de empresas, al sabotaje de la industria petrolera y a la desobediencia tributaria. La falta de apoyo popular a esta agresión comunicacional de una duración nunca vista en el mundo determinó su fracaso, sin que de nuevo las autoridades ejecutaran sanción alguna (Op.cit. pp 140-155).
Los medios venezolanos no se consideran obligados a ser veraces ni imparciales
Para sustentar tales políticas los medios han dejado de lado la veracidad, objetividad, imparcialidad y equilibrio que debe caracterizarlos. Para justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene en la audiencia de 27 de marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que “nadie sabe lo que es la verdad”. Es la pregunta de Pilatos, y cada vez que la hace un agente del Imperio, sale crucificado un inocente. Si verdaderamente tuviera dudas, el doctor Nikken no debería acudir ante una Corte Interamericana para que legitime como verdad judicial una verdad que él mismo dice ignorar, y los medios opositores venezolanos a los cuales representa deberían abstenerse de presentar como verdades la granizada de mentiras que constantemente esgrimen contra el gobierno democrático de Venezuela.
Lo cierto es que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. Por tanto, nadie puede en Venezuela emitir información inoportuna, falsa y parcializada, ni pretender que como desconoce la verdad, está libre de los deberes y responsabilidades que indique la ley.
Para evidenciar que gran parte de los medios en Venezuela no se consideran obligados a proporcionar información veraz, imparcial y oportuna, citamos opiniones textuales de comunicadores de la propia oposición y de observadores foráneos. El reportero Roberto Giusti declara: “Me pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que quieren en el fondo es silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega incondicional o la renuncia” (Laura Weffer: “Roberto Giusti: es necesario ir más allá de la objetividad”, El Nacional, 26-6-03, A-5). El opositor Manuel Isidro Molina apunta que “los medios deben volver a ser espacios plurales y éticos, sin manipulaciones, censura ni tergiversaciones politiqueras. Y deben salir del dispositivo neoliberal que los viene animando”. (“La rectificación mediática tiene que ser valiente, sincera y honesta”, La Razón, 3-11-02, A-5).
Patrick Butler, para 2003 vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, sostiene que “no está haciendo un periodismo independiente sino partidario, que no trata de informar al público sino de convencer al público para cambiar un gobierno.” (Marianela Palacios: “Universidades abogan por un periodismo ético”, El Nacional 26-6-03, A-5). El británico Phillip Gunson, para 2003 presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros, declara que: “El periodismo venezolano está tan polarizado como cualquier otro aspecto de la vida nacional. Muchos periodistas, editores y dueños de medios parecen pensar que esto es no sólo inevitable, sino hasta deseable, que la llamada imparcialidad es una meta inalcanzable y hasta absurda en medio de esta coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por la borda porque así lo exigen las circunstancias”. (Marianela Palacios: “Periodismo en tiempos de crisis”, El Nacional, 27-6-03, A-8). Y según apunta el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos Larry Byrns: “Los medios venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no sólo en la página editorial, sino en todas y cada una de las columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y responsabilidad profesional” (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).
Los propietarios de los medios vetan, censuran y explotan a los comunicadores
Estas políticas, ordenadas por los dueños de los medios, no necesariamente cuentan con la aprobación de los comunicadores ni les garantizan un trabajo digno y estable. En remitido que el diario El Nacional se negó a publicar, el sindicato de ese diario exige: “Basta ya de manipular a los trabajadores de los medios de comunicación para exponernos como responsables de las líneas informativas de los mismos, los dueños de los medios deben aceptar que son un poder y que por consiguiente tienen una responsabilidad social no sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad venezolana (…)” (9-6-2002. www.antiescualidos.com.).
Sorprende por ello que organismos gremiales como el Colegio Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en lugar de democratizar su funcionamiento y defender a sus agremiados contra los patronos, hagan causa común con éstos a la hora de cursar falsas acusaciones contra Venezuela. El Colegio pasó diez años sin elegir nuevas autoridades; ni él ni el SNTP movieron un dedo contra los masivos despidos de cerca de medio millar de comunicadores que siguieron al fracaso del paro patronal de 2002 y 2003, y que desde entonces no han cesado. Tampoco adoptaron una sola medida contra la crónica inestabilidad laboral y la falta de seguridad social que aqueja a sus afiliados gracias a las prácticas de tercerización, ni contra la permanente censura y el veto que se ejerce sobre los profesionales que disienten de los propietarios. Sobre estas materias rige el criterio que la “Defensora del lector” Alba Sánchez consigna en El Nacional del 8-10-2002 legitimando el veto contra colaboradores expulsados del diario: “No basta con ser buenos con la escritura o desarrollar ideas brillantes (lo cual también importa), sino que sus textos tienen que gustarle además de a los lectores, a los directivos del periódico, a sus comités editoriales, a sus directores o a sus dueños (…). Obviamente los ‘ungidos’ dejan de serlo cuando los antes mencionados lo deciden”.
Visto lo cual, todavía más sorprende que la presidenta del CNP, en lugar de atender a precaria situación laboral de sus agremiados, alegue ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que los comunicadores venezolanos son inducidos a la “autocensura” mediante “dispositivos de temor”. Si hay “autocensura” en medios que no se consideran obligados a ser veraces, es impuesta por “los directivos del periódico, sus comités editoriales, sus directores o sus dueños”, según confiesa Alba Sánchez. Ni un solo comunicador venezolano ha dejado de sentir estos mecanismos patronales, sobre los cuales CNP y SNTP guardan el más cómplice silencio, quizá por no dejar de ser “ungidos” a su vez por los propietarios.
Los medios son la principal fuente de las denuncias ante la CIDH
Como otra prueba de la libertad de expresión integral de que se disfruta en Venezuela, señalamos el hecho de que la mayoría de las denuncias interpuestas por Organizaciones no Gubernamentales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que ésta por lo regular cursa sin mayor verificación como acusaciones ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se fundan única y exclusivamente en notas de prensa, que a menudo no aportan precisiones sobre personas, lugar, fecha ni hechos.
En repetidas oportunidades hemos criticado esta conducta, ya que viola los principios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 46 pauta que “Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá (…) d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición”.
Y en repetidas ocasiones también hemos exigido a la Comisión que se ajuste a su jurisprudencia, que ella misma cita en sus informes, según la cual los funcionarios públicos (de organismos nacionales o internacionales) “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.
Pero si la Comisión funda sus decisiones esencialmente en alegatos basados en notas de prensa de los medios venezolanos, los cuales explícitamente rechazan el deber de veracidad y de objetividad (y que son una fuente que ningún órgano jurisdiccional digno de tal condición acepta por si sola como prueba), confiesa con ello que en su propio juicio dichos medios informan y opinan sin cortapisas ni limitaciones sobre lo que sucede en Venezuela, y confirma con tal práctica que en nuestro país existe la más plena y total libertad de expresión.
Cerramos estas consideraciones con un llamamiento para que la Comisión Interamericana revise sus inveteradas prácticas de aceptar y dar curso irreflexivamente a todo tipo de denuncias sobre violación de Derechos Humanos en casos en los cuales no se ha agotado la jurisdicción interna, en los cuales no se precisan nombres, lugares, fechas ni pruebas, en los cuales meramente se efectúan especulaciones sobre posibles hechos futuros e inciertos, y sobre todo, basados única y exclusivamente en notas de prensa de medios que según sus propias declaraciones no se consideran obligados a respetar la objetividad, la veracidad ni la imparcialidad, y que no representan más que la opinión interesada y parcial de reducidos grupos de propietarios.
Sobre el particular, la Comisión debe tener muy en cuenta las críticas formuladas por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú que constan en el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011. No sólo se trata de un nutrido grupo de países que formulan críticas al desempeño de esta Comisión: en conjunto, representan cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe. Los pueblos de estos países, así como los gobiernos democráticos legitimados por el voto de ellos, merecen la consideración y el respeto que tales prácticas vulneran de manera continua: también son titulares de Derechos Humanos, y no se debe los debe considerar incapaces de defenderlos cuando quienes los vulneran son empresas o empresarios.
Por estas muestras de los medios que hemos citado la veracidad y la imparcialidad no se divisan, pero sí se divisa que la libertad de expresión en Venezuela es quizá la más plena del mundo.
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